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Día de la Mujer Trabajadora. El CERMI pide acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad
(07/03/2007)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo público hoy un manifiesto con motivo de la celebración mañana del día Internacional de las Mujeres, en el que pide a los poderes públicos acciones concretas que mejoren sus condiciones de vida.
El Cermi, en representación de las más de dos millones de niñas y mujeres con discapacidad que viven en España, exige que el Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007 se traduzca en acciones concretas destinadas a mejorar las condiciones de vida de esas mujeres.
Para ello, solicitan acceder a una formación adecuada que abra las puertas a un empleo remunerado en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos, contar con un sistema sanitario que tenga en cuenta su salud más allá de la discapacidad, poder decidir sobre su proyecto de vida libremente, ser en suma, ciudadanas de pleno derecho, sin que el género ni la discapacidad sean obstáculos para ello.
Además, demandan que en la aplicación de las medidas contenidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se tenga en cuenta la especial situación de las mujeres, ofreciendo los instrumentos necesarios para que puedan llevar una vida autónoma e independiente en todos los ámbitos de la vida.
También piden que los derechos que dicha ley reconoce "sean universales y exigibles para todas las personas, teniendo presente la transversalidad de género, con el fin de eliminar las desigualdades entre los hombres y mujeres con discapacidad".
El Cermi reclama al Gobierno "su implicación y participación" activa en los trabajos de seguimiento y control de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con compromisos firmes en las subsiguientes transposiciones al ordenamiento jurídico de la Legislación Española que puedan servir de modelo y aliciente a otros países del mundo.
Por último, la plataforma representativa de la discapacidad apela a la voluntad política a fin de contar, no sólo con la comprensión de las instituciones públicas, sino también con el presupuesto que sea necesario para la puesta en práctica de todos los derechos reconocidos legalmente.
El Cermi, en representación de las más de dos millones de niñas y mujeres con discapacidad que viven en España, exige que el Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007 se traduzca en acciones concretas destinadas a mejorar las condiciones de vida de esas mujeres.
Para ello, solicitan acceder a una formación adecuada que abra las puertas a un empleo remunerado en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos, contar con un sistema sanitario que tenga en cuenta su salud más allá de la discapacidad, poder decidir sobre su proyecto de vida libremente, ser en suma, ciudadanas de pleno derecho, sin que el género ni la discapacidad sean obstáculos para ello.
Además, demandan que en la aplicación de las medidas contenidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se tenga en cuenta la especial situación de las mujeres, ofreciendo los instrumentos necesarios para que puedan llevar una vida autónoma e independiente en todos los ámbitos de la vida.
También piden que los derechos que dicha ley reconoce "sean universales y exigibles para todas las personas, teniendo presente la transversalidad de género, con el fin de eliminar las desigualdades entre los hombres y mujeres con discapacidad".
El Cermi reclama al Gobierno "su implicación y participación" activa en los trabajos de seguimiento y control de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con compromisos firmes en las subsiguientes transposiciones al ordenamiento jurídico de la Legislación Española que puedan servir de modelo y aliciente a otros países del mundo.
Por último, la plataforma representativa de la discapacidad apela a la voluntad política a fin de contar, no sólo con la comprensión de las instituciones públicas, sino también con el presupuesto que sea necesario para la puesta en práctica de todos los derechos reconocidos legalmente.
Fuente: SID (Servicio de Información sobre Discapacidad)
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